El Grupo ABU y el alcalde José Luis Sanz colocan la primera piedra de estas viviendas en las que serán realojados los 37 propietarios del edificio demolido en Diego de Riaño.
En Sevilla hay en estos momentos más de 15.000 viviendas en construcción, casi un tercio de ellas de protección oficial, que están siendo desarrolladas a través de la iniciativa privada y también por las administraciones públicas.
Una de estas promotoras que más está contribuyendo a agitar este mercado inmobiliario es el Grupo ABU, que este miércoles ha celebrado el acto de la primera piedra de una nueva promoción en pleno centro de la ciudad. Esa es una de las bondades del Residencial El Prado, en la esquina de la calle Virgen de la Sierra con Diego de Riaño, donde se edificarán un total de 53 pisos premium con altas calidades y entre uno y cinco dormitorios.

Se trata de unas viviendas ciertamente singulares, pues en ellas van a ser realojados los 37 vecinos que residían en esta misma parcela y cuyo edificio fue derribado hace casi cuatro años por los problemas estructurales que se detectaron y que ponían en riesgo evidente la estabilidad del inmueble.
Los propietarios abordaron distintas soluciones para resolver esta situación y, finalmente, acordaron con ABU la cesión de su exceso de edificabilidad por el que, a cambio, la promotora les construiría sus nuevas viviendas a coste cero. De hecho, durante el tiempo que duren los trabajos también les están abonando la renta de los pisos en los que viven de forma provisional. Pero al margen, la empresa sevillana construirá 16 viviendas más que le van a permitir generar un volumen de negocio de más de 50 millones de euros.

Sin duda, los grandes beneficiados por esta operación son los anteriores vecinos de esta parcela con 7.796 metros cuadrados de edificabilidad total. En su nombre ha tomado la palabra Rafael Aquino, que ha señalado que «es el inicio de la cuenta atrás para volver a casa», después de que «hace cuatro años empezáramos a ser conscientes de que las grietas en el edificio eran algo importante».
Casi 70 personas se vieron obligadas a marcharse de sus casas el 11 de diciembre de 2023, con la incertidumbre de no saber si algún día iban a regresar, algunos de ellos «con más de 50 años de historia detrás». En este tiempo han fallecido cuatro de ellos, pero ahora los que quedan ven la luz al final de un túnel, de «una guerra», que permitirá que les entreguen unas viviendas «para volver a la normalidad».







